Un juego que terminó en estafa involucra a Tinelli y a Matias Alé

Según la circular del Banco Central del 30 de Agosto de 2011, la empresa Azar Games SA, propiedad de Matías Ale y Concesionaria del Juego del Instituto Provincial de Regulación y Apuesta de Tierra del Fuego (IPRA), tenía cheques rechazados por más de $ 435.000.- Empresarios del Sector, entre ellos, LUBA, gráfica - Win Play,  logística - Gráfica Velton, manifestaron tener en su poder cheques sin fondos por casi un millón más y algunos ya han iniciado los pedidos de quiebra contra la empresa de Matías Ale. Una causa por cobro de $175.000 está radicada en el Juzgado 5 de la Justicia Comercial, expediente 24618, y otras se presentarán esta semana. Se habló inclusive de embargar las cuentas del IPRA a fin de cobrarse al menos parte del pasivo incobrable, y ya se han designado abogados para iniciar la acción. Lo que más indigna al entorno de  Marcelo Tinelli es que se usó el nombre de su Fundación, de 10 años de trayectoria de ayuda a la comunidad. No sólo no se le derivó un solo peso de las ganancias obtenidas sino que además la empresa y el IPRA le deben más de $800.000 en concepto de publicidad no abonada. En la pagina Web de ‘El Ruletón’, puede leerse "Junto a la Fundación Ideas del Sur, en el año de su décimo aniversario, haremos una serie de obras solidarias que reflejarán el espíritu de este proyecto. El Ruletón se propone cumplir por lo menos 15 sueños de los proyectados este año en Showmatch." El último sorteo fue el día 07/08/2011 y luego nada más se supo de la empresa concesionaria. Sus directivos originales (los hermanos Corletti) fueron reemplazados por prestanombres insolventes (según consta en el Boletín Oficial del 13/07/2011). En el IPRA nadie atiende el teléfono para explicar cuál es la responsabilidad del Gobierno Fueguino de otorgar la Concesión de un Juego de Azar de alcance Nacional (donde se recauda dinero público) a una empresa como Azar Games SA., formada dos meses antes de otorgarle la concesión y sin ninguna experiencia ni antecedentes en la materia, a la cual, como si fuera poco no se le exigieron garantías ejecutables, violando todas las normas de Contratación del Estado.

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