El gobierno argentino ha propuesto al exjuez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, para cubrir una de las cuatro vacantes existentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En las horas previas a la votación, la OEA organizó espacios con asociaciones de la sociedad civil, en cuatro áreas. Una de ellas era la de derechos humanos. Las ONGs convocadas debaten propuestas y elaboran un documento final, presentado y leído ante el Secretario General y los embajadores de todos los países que integran el organismo interamericano.
El documento leído este domingo solicita, entre otras cosas, que los miembros de la Corte Interamericana "posean la más alta autoridad moral y reconocida competencia en el campo de los derechos humanos, y que se repudie expresamente la candidatura de Eugenio Zaffaroni por no cumplir con dichos requisitos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos".
Entre los embajadores presentes estaba Nilda Garré, representante argentina ante la OEA.
El que los cuestionamientos a Zaffaroni hayan llegado al recinto de la OEA es mérito de la sociedad civil estrictamente, dado que el oficialismo ha promovido esta candidatura ante la mayor indiferencia del resto de las fuerzas políticas.
En cambio, algunas entidades locales han alertado a la opinión pública, nacional e internacional, acerca de los antecedentes de un juez que no sólo juró por los estatutos de la dictadura militar (1976-83), sino que ha firmado fallos aberrantes –con absurdos atenuantes a delitos gravísimos-, fue investigado y multado por alquilar varias propiedades a prostíbulos y es responsable directo de que la Argentina no tenga un régimen penal juvenil, pese a ser esto uno de las recomendaciones de la propia CIDH a la cual ahora quiere ingresar.
En particular lo ha hecho el foro Usina de Justicia, a través de comunicados que fueron reproducidos en la prensa internacional. Inclusive, uno de los artículos publicados en el diario El País fue retuiteado por la Misión Española ante la OEA. (Infobae)
